La presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal, (CDHDF), Perla Gómez Gallardo,
emitió las dos primeras recomendaciones de su gestión al gobierno de
Miguel Ángel Mancera por detenciones arbitrarias, tortura e
irregularidades en consignaciones, entre otras presuntas violaciones a
los derechos humanos.
Se trata de las recomendaciones
1/2014 y 2/2014 dirigidas a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP),
encabezada por Jesús Rodríguez Almeida, y a la Procuraduría General de
Justicia del DF (PGJDF), dirigida por Rodolfo Ríos, informó en
conferencia Gómez Gallardo.
La primera versa sobre el caso de
Marduk Chimalli Hernández Castro. De acuerdo con la investigación, la
noche del 15 de marzo de 2013, el joven caminaba con sus padres por la
colonia Clavería, delegación Azcapotzalco, cuando fue detenido por
policías de la SSP, por el presunto robo de un teléfono celular y un par
de anillos. Le dijeron que, según la denunciante, el asaltante iba
vestido como él.
Según la CDHDF, los policías lo detuvieron
“ilegal e injustificadamente” y violaron sus derechos a la libertad y
seguridad personales. En tanto, los de la PGJDF “no investigaron de
manera adecuada” las acusaciones en su contra y sólo se limitaron “a
ejercer la acción penal sustentándose en sólo un testimonio, violando
con dicha omisión los derechos al acceso a la justicia y al debido
proceso del agraviado”.
Por estos hechos, la Comisión recomendó a
ambas dependencias la reparación integral al agraviado por daño
emergente, lucro cesante y daño moral, adoptar las medidas necesarias y
trámites correspondientes para darle la rehabilitación que requiera con
la institución que elija y por el tiempo que sea necesario. Además, les
pidió reconocer la responsabilidad en favor del agraviado y que se
investigue la de los policías que lo detuvieron.
A la PGJDF en
particular, le pidió que la Fiscalía para la Investigación de los
Delitos Cometidos por Servidores Públicos realice un diagnostico
técnico-jurídico de la averiguación previa FSP/B/T2/1133/13-05, que
establezca una programación de la investigación, puntualizando y
calendarizando las diligencias ministeriales, policiales y periciales
que deberán practicarse para su debida diligencia.
Además, le
solicitó dar vista a la Contraloría Interna en la Procuraduría para que
se determine la responsabilidad y sanciones del personal ministerial de
la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Azcapotzalco, entre otros
puntos.
Tortura a familia de Tláhuac
La segunda
recomendación emitida este lunes por la CDHDF, según la presidenta del
organismo, Perla Gómez, es la 2/2014. Este caso se refiere a la
detención arbitraria, uso ilegal y desproporcionado de la fuerza, actos
de tortura y violaciones a los derechos de víctimas del delito, en
contra de los integrantes de una familia de la delegación Tláhuac.
Los
hechos sucedieron la madrugada del 11 de julio de 2011, aún en la
administración de Marcelo Ebrard, cuando Miguel Ángel Mancera era
procurador de justicia.
Fernando Aranda Escobar, Omar Vázquez
Reyes, Josefina Vázquez Reyes, Jorge Escobar Reyes, Isabel Escobar
Reyes, Karina de la Paz Guerrero, así como cinco niñas y niños, iban por
una de las calles de la delegación rumbo a sus domicilios, luego de
salir de la Feria de San Pedro.
Varios elementos de la policía
preventiva de la Unidad de Protección Ciudadana Mixquic los
interceptaron y detuvieron a varios de manera violenta con el argumento
de que habían asaltado a golpes a una mujer que los denunció. En la
agencia del Ministerio Público, algunos fueron torturados y no les
informaron sus derechos ni el motivo de la detención.
La CDHDF
determinó que los policías detuvieron de manera ilegal e injustificada a
las personas agraviadas, violando con dichas acciones su derecho a la
libertad y seguridad personales. Además, los agentes del Ministerio
Público omitieron iniciar la averiguación previa correspondiente a la
denuncia en contra de los policías.
Por ello, el organismo
recomendó a la SSP y la PGJDF reparar integralmente a los agraviados por
daño emergente, lucro cesante y daño moral, proporcionarles todos los
medios para su rehabilitación física y emocional, que se reconozca su
responsabilidad violatoria de derechos humanos, que se realicen las
investigaciones contra los servidores públicos por las violaciones
señaladas.
La presidenta de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo,
informó que las dos recomendaciones fueron emitidas por la Primera
Visitaduría. Confió en que sean aceptadas por la SSP y la PGJDF de
manera integral y que tomen las medidas adecuadas para asegurar la
reparación correspondiente a las víctimas.
“La finalidad de éstas y
futuras recomendaciones será el fortalecimiento de un sistema legal e
institucional que asegure plenamente el respeto, protección, garantía y
ejercicio de los derechos humanos de las y los que habitamos y
transitamos en esta ciudad”, aseguró.
Información y foto de: Proceso
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